La corrupción que no se ve: segregación de clases en los Servicios de Salud Pública en México

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Para lograr optimizar el acceso a la salud y a los servicios sociales indispensables para mejorar el estado de bienestar de los ciudadanos en México, el 19 de enero de 1943 se fundó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y desde entonces, su funcionamiento ha dependido de las aportaciones del Gobierno Federal, los sectores patronales y del propio obrero o trabajador (IMSS, 2017).  Este modelo, a pesar de sus deficiencias y escándalos de corrupción (Cruz, M., 2019), ha prevalecido gracias a que – por lo menos en teoría -, este esquema de triple aportación parece ideal en la viabilidad económica del sistema. Sobre la base de esta última aseveración, parece ideal pensar que cualquier trabajador que necesite seguridad social, siempre que cuente con un patrón responsable, podrá incorporarse al Instituto Mexicano del Seguro Social. Incluso pareciera fácil imaginarnos que en caso de que el patrón sea algún gobierno (municipal, estatal o federal), es posible que cualquiera de estas instancias aporte el dinero correspondiente a la institución social y sanitaria, dando por sentado la duplicidad del aporte en el caso del Gobierno Federal, como patrón y como gobierno.  Sin embargo, esto no ocurre porque por alguna razón – que vamos a analizar en esta serie de textos titulada: la corrupción que no se ve-, el Gobierno Federal y también varios Gobiernos Estatales, prefirieron lidiar con toda la burocracia y el desgaste que conlleva la implementación de un sistema de salud y bienestar social, en lugar de simplemente pagar y considerar aportaciones al IMSS dentro de sus presupuestos. Esto generó quejas desde las oficinas del ISSSTE por la falta de aportaciones en tiempo y forma por parte de varias instancias del Gobierno Federal, así como por parte de algunos Gobiernos Estatales afiliados (Albarrán, 2019).

Aunque el ISSSTE nace oficialmente como institución de prestación social en la segunda década del siglo XX, sus antecedentes prácticos están en la Ley General de Pensiones Civiles de 1925 que cubría a los empleados de la Federación (Distrito Federal y territorios). Las prestaciones se otorgaban a través de la Dirección de Pensiones Civiles y Retiro y consistían en cuatro tipos de pensiones: inhabilitación (invalidez), muerte y retiro forzoso; además se concedían préstamos personales y crédito hipotecario. Otras leyes importantes que protegían a los trabajadores al servicio del estado fueron la Ley Orgánica para resguardar al Cuerpo Diplomático entre 1922 y 1923, así como la Ley de Organizaciones de los Tribunales del Fuero Común del Distrito y Territorios Federales en 1922, por citar algunos ejemplos. Sin embargo la oferta de los servicios médicos no ocurre hasta 1960 con la Ley del ISSSTE, y la creación oficial de una institución que agregó a los servicios sanitarios a los apoyos sociales que he citado antes (H. Congreso de la Unión, 2009), con lo que surge la pregunta que voy a responder desde el enfoque social: ¿por qué no abonar el costo de los servicios médicos al IMSS? y ¿para qué generar un nuevo aparato estatal?    

La respuesta a estas preguntas, las desarrollaré en los siguientes textos de: la corrupción que no se ve.

Referencias

Albarrán, E. (2019) Estados adeudan 53,364 millones de pesos al ISSSTE, El Economista, 24 de abril. Sector Financiero. https://www.eleconomista.com.mx

Cruz, M. (2019) Orthofix, historia de corrupción en el IMSS en 3 sexenios, La Jornada, lunes 25 de marzo. Año 35, Número 12449 Ciudad de México.

H. Congreso de la Unión (2009) Orígenes y consolidación institucional del ISSSTE, En El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) a dos años de la reforma. Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Pp. 3-4

Instituto Mexicano del Seguro Social (2017) Capítulo VII, El orgullo de una Historia, en: Los primeros 75 años. El seguro de México. IMSS. Algarabía Editorial. Pp. 142-154

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